Opinión de Roger del Rosal Valladares, 19 de abril de 2024
En tres años de gobierno municipal encabezado por Oscar Márquez Plascencia en la mayoría de las comunidades y en la propia cabecera municipal no se han realizado las obras prioritarias emanadas de asambleas comunitarias y de las consultas ciudadanas e indígenas.
No se ve dónde han quedado los cerca de 936 millones de pesos que ha recibido el municipio durante el presente periodo de gobierno municipal. Ejemplos sobran como para dar un panorama de la desatención en que se encuentran la mayoría de las comunidades indígenas del municipio, las cuales se encuentran en altos índices de marginación y pobreza.
Confrontando los montos de presupuesto que a ellas les corresponde con lo que han recibido en obras tenemos resultados desastrosos. Por ejemplo, las comunidades como Amayo de Zaragoza y Miramar no han recibido ninguna obra en los tres años de gobierno municipal. A cada una de ellas se les debió haber hecho obras por 15 millones de pesos de acuerdo al número de habitantes, pues cada una de ellas alberga a cerca de mil personas de todas las edades.
Hay otros ejemplos de comunidades que han recibido apoyos para obras de manera muy limitada. Por ejemplo, en el ejido de Tierra Blanca sólo se aplicaron cerca de 40 mil pesos para ampliar la capacidad de almacenaje de un tanque de ferrocemento donado por la Universidad Autónoma de Guerrero, lo que equivale al 2.3% de los más de 6 millones de pesos que se deberían haber aplicado en las obras que la comunidad priorizó. San Rafael apenas percibió un raquítico 1.88% de los más de 6 millones de pesos que les correspondía durante los tres años.
Por su lado, el ejido Pilateno apenas ha recibido en obra el equivalente a 9.16% del monto global de cerca de 13 millones de pesos que le correspondía durante los tres años. En San Antonio Xalcuayo II, se le ha aplicado en obra apenas el 11.74% de los cerca de 11 millones de pesos que le correspondía en el mismo periodo.
En lo que corresponde al Ejido Coronel José Castillo y sus barrios, el cálculo del monto aplicado en obras de rampas, representa el 7.35% del monto global que le correspondía durante el periodo de tres años que es de ceraca de 22 millones de pesos. Por su parte el ejido La Victoria solo percibió en obras el 4.92% de los cerca de 14 millones de pesos que le correspondía durante el periodo.
Estos son solo algunos ejemplos, pero la misma tónica se presenta en casi la totalidad de las comunidades, barrios y colonias del municipio.
Lamentablemente se observa que hay una dilapidación descomunal del presupuesto que debía aplicarse en obras y proyectos de beneficio de la población del municipio. Pocas obras, obras de mala calidad e inconclusas, gastos superfluos en pachangas y en una red de promotores del voto clientelar que solo dividen a las comunidades y que no respeta a las autoridades comunitarias.
La pregunta todas las personas más informadas se hace es: ¿Y dónde está el resto de dinero?
Ante esta situación varias comunidades indígenas empiezan a plantearse la necesidad de solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la pertinencia de realizar una auditoría a fondo sobre el manejo del presupuesto público en el municipio de Xilitla.
Valdría la pena que se estableciera un mecanismo de auditoría a los 2450 municipios del país, pues por ahí hay una fuga descomunal de recursos públicos que se usa para enriquecimiento ilícito de ediles y funcionarios municipales, provocando la prolongación de las condiciones de marginación de millones de mexicanos. Y aún más, dichos recursos públicos, en buena parte, los ediles corruptos los usan para reelegirse y perpetuar a sus clanes en el poder municipal.
Roger del Rosal es Asesor de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, A.C.
