El Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE) rechaza que sean las y los empleados paguen el desfalco de más de 4,680 millones de pesos al fondo estatal de pensiones, que adeuda el Gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona.
Las y los trabajadores estatales no deben de pagar el enorme desfalco de 4,680 millones de pesos en la Dirección de Pensiones, que el Gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona ha generado por ilegalmente retener las aportaciones que le corresponden como parte patronal, y las de los y las empleadas estatales, señaló el Comité Ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE).
Pues, sus integrantes consideraron “un robo” el que se pueda reformarse la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, para obligar que se les descuente un mayor porcentaje del sueldo de la burocracia estatal, y además, se incremente la edad para jubilarse, a fin de cubrir el “boquete” financiero que ha creado el mandatario estatal con su irresponsabilidad.
El Comité explicó que José Ricardo Gallardo Cardona tiene sometido al Congreso del Estado, y las y los legisladores sólo cumplen sus órdenes, por lo que puede imponer reformas legales que obliguen a empleadas y empleados estatales a pagar el adeudo del mandatario en pensiones, refiriendo que históricamente hará lo que han hecho los anteriores gobernadores, que él llama la “herencia maldita”, al obligar que las y los trabajadores estatales paguen los desfalcos que cometen.
Y es que sí en el Poder Legislativo del Estado ya comenzaron con los cambios a la referida ley, pueden fácilmente hacer que las y los burócratas paguen de su bolsillo y con su trabajo el dinero que el actual titular del poder ejecutivo del estado ha sustraído, como ya ha sucedido, precisamente con los últimos mandatarios, lo que, indicaron, dañará severamente a las familias de las y los trabajadores estatales, pues les reducirá el ingreso económico y la calidad de vida.
Refirieron que sí los diputados aprueban que las y los trabajadores cubran tal débito generado por Gallardo Cardona, los afectarán al bajarles sus ya menguados salarios, porque el gobernador los ha reducido y continuamente les hace descuentos ilegales, porque tendrán que laborar más tiempo para jubilarse, con menores capacidades y salud precaria, cuando, no tienen servicio médico, lo que deteriorará fuertemente su calidad de vida.
El organismo sindical señaló que, en cambio, sí la reforma a la citada ley, implica obligar al titular del poder ejecutivo estatal a pagar lo que le adeuda a pensiones, y a brindar total viabilidad financiera a las jubilaciones con recursos estatales, se apoyaría tal cambio, pues demandaron que sea José Ricardo Gallardo quien devuelva el dinero que ilegalmente retiene, porque son fondos que no son del gobierno estatal, sino de las y los trabajadores estatales, concluyeron.
