| México Evalúa denuncia lo sucedido en Tijuana y realiza acciones para visibilizar el problema. |
| Junto con el Centro Internacional para la Empresa Privada, la organización presentó una ‘caja de herramientas’ y una hoja de ruta para que el empresariado en Tijuana se empodere y lidie con la extorsión y el cobro de piso.La caja de herramientas contiene tres elementos principales: una red de reportes ciudadanos, una estrategia de acompañamiento a víctimas y un mecanismo de mediación con autoridades.La propuesta forma parte de una larga investigación por parte de México Evalúa en torno a estos delitos, unos de los más complejos y de los que menos se sabe en el país. Se inscribe de lleno en la visión de la organización: una toma de decisiones públicas basada en evidencia. Tijuana, Baja California, 22 de septiembre de 2023 Con la convicción de que los empresarios, empresarias y comerciantes de Tijuana no están condenados a ser víctimas de la extorsión y cobro de piso, y ofreciendo una ruta de salida en forma de acciones que los propios integrantes del sector pueden emprender, México Evalúa presentó una investigación en el Centro Cultural Tijuana. Se trata de la última entrega de un largo proyecto liderado junto con el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE). En 2020, México Evalúa comenzó a observar los delitos de extorsión y cobro de piso para entender su efecto en la economía tijuanense y en la vida cotidiana de quienes más los padecen: los empresarios, empresarias y comerciantes. Tras entender las particularidades de lo que llama ‘la protección que inquieta’, y el tipo de respuesta que le da el Estado, la organización, con el documento Herramientas para lidiar con la extorsión y el cobro de piso en Tijuana: ¿por dónde empezamos?, dio un siguiente paso: ofrecer un conjunto de herramientas y una hoja de ruta para que el propio empresariado enfrente y contenga los efectos más nocivos de estos delitos. Mariana Campos, directora general de México Evalúa, hizo una caracterización inicial: “La extorsión pulveriza la confianza al interior de la comunidad y de ésta con sus autoridades; es el cáncer del Estado de derecho y por ende de la armonía y prosperidad de una sociedad”. Abordó también el principal obstáculo para toda política pública que busque lidiar con él: “En general, la extorsión no se reporta por los riesgos que implica. Es el delito con la mayor cifra negra (…) Lamentablemente, en el corto plazo la denuncia no parece la solución. La denuncia sólo tiene sentido en estos casos si logra activar una protección estatal más fuerte y eficaz, capaz de inhibir las exigencias del extorsionador y el cumplimiento de sus amenazas (…) Se trata de un problema complejo para el que no hay soluciones automáticas o rápidas. Se requiere información precisa e incorporar la perspectiva de los principales interesados: los empresarios y empresarias”. Y aunque México Evalúa propone una ruta para encontrar soluciones desde el empresariado, Mariana Campos subraya que la propuesta no busca el reemplazamiento del Estado sino, al contrario, su fortalecimiento: “Lo que proponemos apuntala a la democracia y sus instituciones, como todo el trabajo que hace México Evalúa”. Al mencionar dos de los elementos iniciales de la ‘caja de herramientas’ que propone la investigación –la red de reportes como una forma de contrarrestar la falta de información sobre los delitos y el acompañamiento a las víctimas–, Sandra Ley, coordinadora del programa de Seguridad de México Evalúa, valoró que se ponga “el foco en las víctimas. (La investigación) nos permite parar y repensar cómo escucharles y cómo hacerles resonar. El punto no es menor. El Estado mexicano les ha dejado de lado (…) Si damos la oportunidad de escuchar a las víctimas y de crear espacios que les permitan confluir, compartir experiencias y visibilizar sus experiencias, la ganancia es mayor: estas interacciones son vitales para crear una identidad común a partir de la cual organizarse, fortalecerse y acompañarse”. Además de la red de reportes y los servicios de acompañamiento a víctimas, María Teresa Martínez, investigadora asociada del programa de Seguridad de México Evalúa y profesora del Tec de Monterrey (y coordinadora de esta investigación), destacó otro elemento innovador de la caja de herramientas: un esquema de mediación con autoridades para eficientar los procesos de procuración de justicia y colaboración con instancias públicas. Y agregó en este sentido: “Aunque las recomendaciones están dirigidas al sector privado, también apuntan a colaborar con el Estado de manera que puedan fomentar el fortalecimiento de las instituciones y la provisión de protección como un bien público, quitándole el carácter selectivo que hoy abunda”. Abdu Alkebsi, director de programas del Centro Internacional para la Empresa Privada, redondeó recordando que lo presentado hoy es el resultado de tres años de trabajo, y que no es un documento teórico, sino que presenta propuestas concretas para transformar la realidad. “México está en la intersección del crecimiento económico y la democracia, temas centrales para CIPE. La seguridad es uno de los temas que se posiciona como uno de los principales retos para el enorme potencial de crecimiento económico que tiene México. Se trata de un reto que se puede convertir en una oportunidad para cambiar incentivo, y en él la comunidad empresarial puede impactar positivamente”. Lo que hoy presentaron en Tijuana México Evalúa y CIPE, con la autoría de María Teresa Martinez, Paulina Chavarría y Guillermo Navarro, son pasos concretos, claros y deseables en el corto, mediano y largo plazo. “Hoy le toca al empresariado de Tijuana apropiarse de esta propuesta y hacerla una realidad”, apuntó Sandra Ley. Pero no sólo en Tijuana: son lecciones para el empresariado en todo el país. “Aquí hay lecciones de política pública a retomar incluso por los propios gobernantes, pero también para la propia organización de la sociedad civil en su conjunto en México”, concluyó Sandra. |
