Cántaro Noticias
San Luis Potosí (16/10/23).- El artículo segundo de la Constitución Mexicana en su apartado B dice a la letra que “La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”, recuerda Rogel del Rosal Valladares, asesor de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, quien ha participado y acompañado procesos de organización comunitaria y defensa de los derechos indígenas desde 1989 en diversos municipios de la Huasteca Potosina, principalmente en comunidades indígenas nahuas y tének; sin embargo la realidad contrasta con lo estipulado por la ley, por tal razón, comenta que se ha entablado un proceso judicial, como se ha hecho en otros estados de la república (Jalisco y Michoacán) para que en San Luis Potosí los pueblos originarios hagan valer su derecho a la libre autodeterminación y autonomía.
Rogel describe a Cántaro Noticias que ninguno de los tres niveles de gobierno ha permitido, mediante acciones efectivas, la autonomía indígena, por lo que es necesario entablar un periodo de lucha para buscar que estos derechos ganados y estipulados en leyes federales, estatales y municipales, reconozcan plenamente el derecho y así dejar de vivir a expensas de la buena o mala voluntad de los gobernantes en turno. En la ley estatal, incluso, se establece el procedimiento para que se lleve a cabo, a pesar de que han pasado hasta veinte años desde que se imprimió en papel.
Otros estados, rememora, han tenido que judicializar la demanda para lograr que los tribunales resuelvan a su favor. En el caso de San Luis Potosí se ha solicitado, desde hace varios años, la autonomía y asignación de presupuesto en municipios como Tanlajás, Tancanhuitz y San Antonio, con resoluciones favorables, sin embargo, las instancias estatales hacen caso omiso a ellas.
Señala que en el caso de estos municipios, y dada la falta de respeto a este derecho, las comunidades tendrán que recurrir a instancias jurisdiccionales para que los ayuntamientos asignen presupuesto con el objetivo de implementar planes de desarrollo adecuados a sus necesidades (agua, trabajo, salud, educación, alimentación) toda vez que no llega el recurso ni siquiera de los ramos federales (28 y 33) como resultado de la corrupción, “hay alcaldes que se han enriquecido producto de estos recursos que supuestamente deberían ir orientados a combatir la pobreza en las comunidades indígenas”, asegura del Rosal Valladares y agrega que esta es la situación que prevalece en todo el estado cuya población indígena se asienta principalmente en la zona huasteca de población náhuatl o tének, en donde sigue prevaleciendo la discriminación y el racismo.
Por lo pronto, se entabla un juicio administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo “porque no hay confianza en los ayuntamientos”.
Comenta que, dado que en los territorios indígenas abunda la riqueza natural como minerales, agua, incluso petróleo y gas natural, por lo que han sido muy codiciadas por las empresas trasnacionales. Actualmente detecta dos grandes amenazas a la zona: la voluntad que han expresado los estados de Tamaulipas y Nuevo León de llevar agua de la Huasteca hacia su territorio con el interés de favorecer a las empresas trasnacionales y la extracción de gas y petróleo por medio de la fracturación hidráulica, a pesar de que está prohibido.
Además, señala, es una obligación del estado consultar a las comunidades indígenas (previas, libres, informadas, de buena fe) antes de llevar a cabo proyectos extractivos e introducción de megaproyectos, lo que tampoco se ha hecho, lo que representa una nueva amenaza a su desarrollo; para lograr sus fines echan mano de compra de líderes, de represión, de amenazas, “pensamos que en este periodo de vigencia de la Cuarta Transformación estas cooptaciones tipo deberían de parar”.
Por último, recuerda que en el contexto de la reforma energética de Peña Nieto se registró una suma masiva de comunidades indígenas en oposición para proteger el territorio, que se desactivó al momento de que López Obrador aseguró que la fracturación hidráulica no se permitiría. Luego, en territorio Yaki en 2021, se reformó la Constitución a favor de los pueblos indígenas, pero no se ha visto reflejada en la realidad, sigue en el jurídico de la presidencia, por lo que la lucha no ha terminado.
Lo que sigue es que las comunidades de todo el país decidan si se rigen por usos y costumbres o continúan con el sistema de partidos vigente en México que ha desgastado mucho la unidad y el tejido social de los pueblos originarios con una serie de confrontaciones internas, dice Rogel, todo ello, a través de mecanismos asamblearios. Por tal motivo ha sido preciso llevar la lucha a otras instancias judiciales, con la intención de que más pueblos se sumen al ejercicio a corto plazo.
El acompañamiento jurídico y está a cargo del Centro Samuel Ruiz de Derechos Humanos A.C. quienes en el Estado han dado asesoría jurídica a comunidades indígenas y campesinado, a lo largo de varios años.
