Que se disculpe públicamente, pide activista Catalina Torres a Eloy Franklin dirigente del PVEM
El Centro Samuel Ruiz de Derechos Humanos A.C. asume la defensa de la activista, por lo que sociedad civil de asociaciones nacionales estarán al pendiente del caso.
San Luis Potosí (25/09/23). – Catalina Torres, activista en favor de los derechos de personas con discapacidad y Ricardo Sánchez García, vocero del Centro Samuel Ruiz de Derechos Humanos, presentaron en rueda de prensa esta mañana la estrategia jurídica como defensa de la activista, ante los ataques en su contra por parte del diputado local Eloy Franklin Sarabia.
Franklin, quien además es dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es acusado de violentar el derecho de la ciudadanía a expresarse; se considera que, desde su investidura real y su poder simbólico, además de la posibilidad de usar recursos públicos para sus fines, ha provocado una confrontación entre los vecinos del barrio de San Miguelito y la activista potosina.
Se acusa públicamente al diputado de cometer violencia política de género y de buscar desacreditar el trabajo en favor de los derechos humanos que la maestra Catalina Torres ha realizado desde hace muchos años, por lo que la defensora pide una disculpa pública, “porque es lo que necesito para vivir con tranquilidad en el barrio donde he habitado prácticamente toda mi vida”, comentó.
Cabe recordar que el pasado ocho de septiembre, la activista potosina denunció en su red social de Facebook que recibió agresiones a su persona de manera pública por parte del diputado Eloy Franklin Sarabia, quien la acusó de ser una «supuesta activista» que trabaja «para Enrique Galindo», presidente municipal de San Luis Potosí, para supuestamente contravenir el plan de rehabilitación del barrio de San Miguelito emprendido por el gobierno del estado a cargo de Ricardo Gallardo Cardona.
El hecho ha provocado que vecinos del lugar la agredan verbalmente, situación que denuncia como peligrosa para ella y su familia, “el diputado dice que yo soy empleada del alcalde para ponerle pie al proyecto, para que crean que estoy en contra de ellos y que estoy poniendo el pie a la modernización, por ello surgieron ataques en contra de mi persona”, dijo Torres, quien reiteró que no está en contra de la rehabilitación del barrio, sino de la mala planificación.
Por su parte, Ricardo Sánchez aseguró que el legislador ha violado el derecho de libertad de expresión de la ciudadana con una intención clara de confrontar a los vecinos del barrio con la ciudadana, “que vive ahí, que transita, por lo que la han agredido vecinas y vecinos del lugar”.
El pasado 13 de septiembre se dio a conocer que, por falta de consulta a las personas con discapacidad, el Juzgado Octavo de Distrito dio aceptó un amparo (1190/2023) interpuesto por personas con discapacidad, habitantes del Barrio de San Miguelito, que obliga la suspensión de las obras de rehabilitación y ejecución de obras, conforme a los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, luego de que se estipula que se debe contar con espacios adecuados para las personas con discapacidad.
En la rueda de prensa se informó que, las autoridades responsables, sí podrán llevar a cabo la obra reclamada, “sólo si se acredita que cuentan con vías de comunicación accesibles y seguras para las personas con discapacidad en el transcurso de realización de la obra” y se obliga a las autoridades a tomar en cuenta a las personas con discapacidad “y, por tanto, la misma contará con espacios adecuados para este grupo vulnerable”.
El Centro Samuel Ruiz A.C. ha dado acompañamiento jurídico a Catalina Torres y ya se presentó la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organismo autónomo que tiene la obligación de investigar y dar seguimiento al caso.
