Mano dura, reformas carcelarias profundas e inversión en tecnología contra el crimen.
Es el resumen del recetario que propone el nuevo presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, contra la crisis de violencia que vive el país.
Es su mayor reto como presidente y con doble dificultad añadida: solo estará en el cargo hasta mayo de 2025 y tendrá que lidiar con una Asamblea Nacional (AN) fragmentada y con un gran número de escaños del correísmo.
Noboa venció este domingo en segunda vuelta a la candidata correísta Luisa González después de que el presidente saliente, Guillermo Lasso, decretara en mayo la disolución de la Asamblea Nacional y solicitara la convocatoria de elecciones anticipadas a través de un mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”.
De este modo, Noboa cubrirá el mandato que le quedaba a Lasso, quien ocupa la presidencia desde mayo de 2021.
La violencia en Ecuador marcó la campaña electoral con el asesinato de varios líderes políticos, entre ellos, el candidato presidencial Fernando Villavicencio, baleado durante un mitin el pasado agosto.
Analizamos la crisis de seguridad en Ecuador con tres claves y cómo Noboa planea combatirla.
1. Violencia política
El asesinato de Villavicencio evidenció que ni siquiera los políticos más conocidos son inmunes a la violencia del país.
Líder sindical, periodista y diputado, Villavicencio se lanzó como candidato presidencial por el movimiento Construye.
Destacó por denunciar la filtración del narcotráfico en estamentos oficiales del gobierno y por proponer afianzar la seguridad a través de la policía y el ejército.
Su asesinato fue quizás el más grave, pero no el único.
El alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, fue abatido a tiros mientras visitaba una obra en julio. El hecho fue calificado como un atentado por las autoridades y la deportista Ariana Estefanía Chancay, quien se había acercado al funcionario para pedir ayuda, también murió.
En el mismo mes, el candidato a diputado Rinder Sánchez fue baleado cuando cuatro sujetos pretendieron supuestamente robarle su auto.
En febrero, dos aspirantes a alcalde murieron en sendos atentados.
La muerte de Intriago coincidió con un nuevo brote de violencia en las cárceles ecuatorianas.
El pasado 22 de julio, reclusos del Centro de Privación de Libertad Guayas No 1, ubicado en Guayaquil, la segunda ciudad más poblada y donde está el puerto más importante de Ecuador, se enfrentaron entre ellos.
Las autoridades enviaron a 2.700 policías y militares a restaurar el orden y poner fin a los incidentes que dejaron 31 fallecidos, de acuerdo con los datos suministrados por la Fiscalía.
Durante esas labores los uniformados incautaron un arsenal de fusiles de largo alcance, lanzagranadas, municiones y explosivos, reportaron las Fuerzas Armadas.
Horas después, los presos de 13 de las 35 prisiones del país iniciaron una huelga de hambre y retuvieron a unos 100 custodios.
La respuesta del presidente Lasso fue imponer estados de excepción en distintas zonas del país.
Muchos analistas dudan que esta medida pueda terminar con la recurrente violencia en las prisiones que ha dejado más de 400 muertos desde 2021, según Human Rights Watch.
Para rematar, en algunas ciudades y poblaciones se produjeron atentados y ataques con bombas contra establecimientos comerciales y vehículos particulares y de transporte público.
2. Las garras del narcotráfico
Las provincias occidentales de Esmeraldas, Guayaquil y Manta han sido los principales escenarios de la violencia reciente en Ecuador.
Allí están los principales puertos del país, infraestructuras codiciadas por los criminales, sobre todo narcotraficantes.
“La principal problemática del Ecuador en relación con la geopolítica del narcotráfico está dada por su ubicación territorial junto a Colombia y Perú, principales productores de cocaína en el mundo, así como por la debilidad en los controles integrados de frontera que facilitan el ingreso de droga que posteriormente es transportada a puntos estratégicos del perfil costero y Guayaquil”, admitió la Policía Nacional de Ecuador en un informe publicado en julio.
En el mismo reporte, el organismo reconoció que el escaso control estatal sobre el territorio marítimo y aéreo facilita la salida de aeronaves y embarcaciones de puertos sin casi revisión.
Estas condiciones favorecieron la formación de organizaciones criminales nacionales y el arribo de otras internacionales. Desde 2019 casi se triplicó la droga incautada en el país, al pasar a 201 toneladas frente a las 79,5 de cuatro años antes, según el reporte.
Los asesinatos también crecen.
El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado indica que en el primer semestre de 2023 el número de homicidios intencionales aumentó un 528% en comparación con el primer semestre de 2019.
“Al final de 2023, el país puede alcanzar una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes mayor a 35”, apuntó el organismo en su informe más reciente.
Las autoridades sostienen que la gran mayoría de asesinatos están vinculados al narcotráfico.
A pesar de la gravedad de la situación, el ministro de Interior, Juan Zapata, niega que todo el país esté bajo control del crimen organizado.
“Las muertes violentas están geolocalizadas. Ecuador tiene 24 provincias. El problema está en cinco, que son la ruta de la droga”, explicó.
Unas afirmaciones que la periodista ecuatoriana Carolina Mella, quien reside en Guayaquil, pone en duda.
“La violencia ha comenzado a expandirse en todo el país. En la costa es porque el narcotráfico necesita los puertos, pero en la sierra es porque allí funcionan puntos de almacenamiento, incluso en Quito”, explicó.
3. Guerra contra las drogas y prisiones hacinadas
Desde el Gobierno ecuatoriano saliente culpan del auge violento no solo a criminales, sino también a la poca inversión de administraciones anteriores en seguridad.
El ministro Zapata se trazó como meta elevar el número de policías hasta los 82.000 para 2024.
Pero hay quienes creen que esta receta no es la correcta.
