La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que el caso Pegasus descubrió una red de empresas fachada donde la firma israelí NSO Group, quien utilizaba a la empresa mexicana KBH para realizar espionaje telefónico con el software Pegasus, formaba parte de una red corporativa en la cual varias empresas tenían prestanombres y cuyo domicilio se localizaba en la Avenida Ejército Nacional 598, en la Ciudad de México.
Incluso fuentes cercanas al caso informaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya abrió una carpeta sobre este caso. En este mismo dirección se encontraba la empresa Proyectos y Diseños VME, donde Juan Carlos García Rivera, era empleado y quien está acusado por espiar con dicho malware de fabricación israelí a empresarios, periodistas y ciudadanos, entre ellos a Carmen Aristegui.
Este jueves se llevó a cabo la audiencia de alegatos de conclusión contra Juan Carlos García Rivera, empleado de una filial del Grupo KBH acusado de intervenir en las comunicaciones de periodistas, activistas y empresarios entre enero de 2015 a julio de 2016, la cual concluyó la madrugada de este viernes.
Por ello, hoy el juez de control con sede en el Reclusorio Sur, Luis Benítez Alcántara dictará sentencia a García Rivera, por el delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado. La FGR pide que sea condenado a 16 años de prisión, debido a que la víctima es una periodista.
Sin embargo la moneda está en el aire. Durante la audiencia la Fiscalía dijo que Juan Carlos no tuvo un interés personal para intervenir las comunicaciones de la periodista, ya que no se le considera autor intelectual del delito sino material, pues el dueño de la empresa KBH, Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, le instruyó a quien espiar o qué dispositivos móviles tenía que infectar con Pegasus para extraer la información.
“Sería jurídicamente y legalmente imposible que Juan Carlos García Rivera obtenga una autorización judicial para intervenir comunicaciones, que es la única vía por la cual se puede realizar esta conducta en el marco legal”, aseguró el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.
Reiteró que que el acusado no fue el autor intelectual de los hechos, pero que Emmanuel Ansbacher sí tenía un motivo, un incentivo perverso y un interés económico y ordenaba a quien se debía espiar.
No obstante destacó que que con las pruebas aportadas por la fiscalía se acreditó que el celular de Carmen Aristegui se intervino con Pegasus entre 2015 y 2016, debido a publicación del reportaje de La Casa Blanca y otros trabajos periodísticos que realizó en este periodo sobre actos de corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
“El entramado corporativo era el escenario ideal para la intervención ilícita de comunicaciones. El dueño de la empresa KBH no aparece, los domicilios son inexistentes, los socios son prestanombres y celebraban contratos millonarios con el gobierno” agregó.
Incluso recordó que el testigo protegido llamado Zeus, indicó que en México 15 mil personas fueron objeto de espionaje.
