Opinión de Felipe Milanez y Ernenekek Mejia
Las semillas de la violencia plantadas por el ex presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022) siguen germinando en Brasil por medio del asesinato de líderes indígenas que defienden sus territorios. Uno de los acontecimientos más recientes sucedió el pasado 21 de enero en la hacienda Inhuma, en el nordeste brasileño. Esa propiedad privada, que se encuentra dentro del territorio ancestral del pueblo pataxó hãhãhãi, fue retomada por los indígenas el día anterior. Una turba formada por terratenientes, con tintes paramilitares, del grupo llamado Invasão Zero (Invasión Cero), se vengó y atacó a los indígenas de una forma semejante a las “expediciones punitivas”, cuando en el siglo pasado los terratenientes incursionaban a tierras indígenas para exterminar a la población.
En redes sociales circularon imágenes, algunas tomadas por los mismos asesinos, en la que se observan dos indígenas tirados en el suelo, rodeados por los hacendados que se saludan triunfantes, como si hubieran cazado a un animal salvaje. Uno de los indígenas era Nailton Muniz, líder histórico del pueblo pataxó hãhãhãi, herido de gravedad; a su lado, sosteniendo en lo alto una maraca sagrada, estaba su hermana, María de Fátima Muniz, conocida como Nega Pataxó, chamán y oradora ritual. Ella murió poco después.
La “recuperación” violenta de la hacienda por los terratenientes fue permitida por la policía. En los videos difundidos en redes sociales se aprecia cómo elementos de seguridad observan el desenlace de manera pasiva en un tipo de Estado paralelo, al igual que en las turbas de las expediciones punitivas.
Invasão Zero es una organización extremista de terratenientes fundada en 2023, coordinada por el poderoso hacendado del sur de Bahía, Luiz Uaquim. La organización tiene tintes militares y cuenta con el poder de fuego dispuesto en las políticas armamentistas del ex presidente. El grupo rápidamente logró presencia nacional al vincularse a líderes de otros estados y grupos conservadores del Congreso Nacional. Se apoya en las estructuras políticas bolsonaristas y promete “una nueva forma de proteger las propiedades privadas”. Usan las redes sociales para orquestar reacciones rápidas contra organizaciones campesinas que promueven la reforma agraria, como el Movimiento de los Trajadores Sin Tierra (MST), o contra las acciones colectivas de pueblos originarios que recuperan sus territorios ancestrales en manos de los terratenientes. Es este el caso: Invasão Zero llamó a “desocupar por cuenta propia” la hacienda retomada el 20 de enero por los pataxó hãhãhãi.
Esta violencia no es súbita. Hace un mes el joven jefe indígena Lucas KaririSapuyá, fue asesinado en el territorio Caramuru-Paraguassu, donde vivía Nega Pataxó. El Movimiento Unido de Pueblos y Organizaciones Indígenas de Bahía y la Asociación Nacional de Acción Indígena han denunciado que en los últimos años 30 líderes indígenas han sido asesinados en el estado.
Paradójicamente, el asesinato de Nega sucede bajo el mandato de un Jerônimo Rodrigues, el gobernador de Bahía, quien se declara indígena y cuyo capital político se basa en gran parte en la defensa de los derechos humanos. A escala federal, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha implementado políticas favorables para los derechos de los pueblos indígenas. Creó el inédito Ministerio de los Pueblos Indígenas, comandado por la indígena Sonia Guajajara, y designó por primera vez a un indígena, Joenia Wapichana, para presidir la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, a la par, se gestan alianzas que siguen alimentando el bolsonarismo.
En octubre de 2023 el Frente Parlamentar Invasão Zero, articulado a otras fuerzas conservadoras, lograron la aprobación en el Congreso del Marco temporal, una tesis jurídica que niega el derecho de los pueblos indígenas a reclamar territorios tradicionales que ellos no estaban ocupando antes de 1988. En esencia inhabilita una parte importante de los reclamos de tierras ancestrales que, durante décadas, en algunos casos siglos, han estado en posesión de los hacendados.
Se teme una escalada de violencia.
Para debilitar las alianzas de extrema derecha el gobierno de Lula debe tomar todas las medidas necesarias para proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y proteger la vida de sus pobladores. Un paso indispensable es asegurar que se investigue a fondo los hechos ocurridos en la hacienda Inhuma y se implemente medidas robustas de justicia por el asesinato de Nega Pataxó. La presión internacional es clave para que los gobiernos de izquierda no permanezcan en la complacencia.
*Profesor de la Universidad Federal de Bahía y **profesor visitante de la Universidad Federal de Recôncavo de Bahía. Ambos forman parte de un colectivo de académicos de las universidades de Bahía que luchan por la justicia y castigo a los responsables
