Opinión de Rogel del Rosal Valladares, Asesor, Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, A.C.
7 de febrero de 2024
Plausible la iniciativa de reforma constitucional indígena, aunque hay que incorporar otros
temas
Prohibir el fracking, minería a cielo abierto y cultivos transgénicos es una respuesta favorable a
la lucha en defensa del territorio, el agua y la vida
Las 20 iniciativas de reformas constitucionales enviadas por el Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, al poder legislativo constituyen un avance trascendental en el proceso de
transformación del país. Entre ellas destacan las relacionadas a los derechos indígenas y la
prohibición del fracking, minería tóxica y cultivos transgénicos.
Los puntos relevantes que recoge la reforma constitucional en materia indígena son el
reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derecho público, lo que
implica el reconocimiento a sus capacidades para tomar decisiones en un marco de libre
determinación y autonomía en todos los ámbitos para su desarrollo económico, social, político y
cultural.
Así mismo, hace suyo de forma explícita el garantizar la asignación y el ejercicio directo de
presupuesto a las comunidades indígenas bajo criterios “compensatorios, equitativos, justos y
proporcionales” a fin de que los ayuntamientos municipales y otros niveles de gobierno no hagan
oídos sordos a este legítimo reclamo de las comunidades. Además, se fortalecen los derechos de las
mujeres a su participación en las decisiones comunitarias, a su participación política, al acceso y
posesión de las tierras; el derecho de pueblos y comunidades a la consulta previa, libre e informada
para la toma de decisiones respecto a proyectos o medidas legislativas que les puedan afectar en su
hábitat y formas de vida, así como el reconocimiento de su patrimonio cultural material e inmaterial,
entre otros.
A pesar de estos avances, hace falta incorporar temas que de forma insistente las comunidades y
pueblos han planteado en diversos foros y manifestaciones, como son sus derechos territoriales y
formas de autogobierno municipal y regional que les permita una mayor cohesión social, capacidad
de gobernanza y protección de los bienes comunes.
La extraordinaria lucha de resistencia de las comunidades, pueblos y sociedad huasteca, y de otras
zonas del país, en contra del fracking, puede verse coronada con la prohibición legal de esta
amenaza, así como de la minería tóxica y cultivos transgénicos, si la mayoría de diputados y
senadores aprueba la iniciativa presidencial.
Esperamos que en el debate legislativo los diputados y senadores de todos los partidos antepongan
sus intereses político-partidistas al bien común, en aras de resarcir la deuda histórica que se tiene
hacia los pueblos originarios tan largamente marginados y excluidos de las políticas públicas, así
como a la necesidad de proteger los territorios y los bienes comunes frente a amenazas de
implantación de proyectos lucrativos altamente perjudiciales para los ecosistemas y para la vida
misma de quienes habitan en éstos.
Rogel del Rosal Valladares
Asesor
Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, A.C.
7 de febrero de 2024
