Por Ricardo Sánchez García
Las obligaciones de la autoridad municipal, entre otras, es realizar rutinas de supervisión constante a todos los bares, antros, restaurantes y espacios lúdicos o de esparcimiento donde la ciudadanía acuda.
Es por ello que los gobierno municipales publican requisitos que se tramitan en diferentes direcciones, sean, comercio, protección civil, seguridad pública y más, para garantizar el correcto uso de suelo y las medidas de prevenció de accidentes, así como la seguridad de los asistentes a eventos, sean multitudianrios o de poca asistencia.
Los permisos de funcionamiento son previos a la apertura de un local, pero deben ser renovados, algunos anualmente con previo pago ante las finanzas de la moral. Tambien existen permisos para eventos especiales, sobretodo donde se presuma habría una congregación considerable de personas.
Este medio ha denunciado la existencia de menores de edad en antros, bares y lugares que por ser insalubres o no aptos para ellos, la ley y los reglamentos permiten su ingreso y permanencia. En la capital potosina los únicos que no esta realidad son las autoridades municipales.
Lo sucedido esta noche en el Antro Rich de la Plaza, donde se presentaba el cantante Kevin Moreno, es una tragedia que nos duele a todas y todos. No, no se trata de hacer escarnio del dolor ajeno. Pero si queremos evitar que estos tristes acontecimientos se repitan, debemos exigir cero impunidad a quienes por evidente omisión permitieron que tal acto musical se llevara a cabo sin la devida supervisión y prevención.
Y no es sólo el hecho de que un inmueble se venga a bajo, lo que además también es previsible. Sino el acceso al lugar de más personas que la capacidad lógica, jurídica y racional permite. También se debe revisar quién permitió la entrada de menores de edad a quienes se les suministran bebidas embriaganas con una tranquilidad que los ojos ciegos de la autoridad le permiten.
Es Enrique Galindo Ceballos a quien se ha responsabilidado en redes sociales por haber autorizado la apertura de este lugar, porque durante su gestión jamás hubo certificación, revisión, supervisión ni mucho menos exigencia de mejoras al espacio, lo que la ley señala como una obligación, de la autoridad municipal y, obvio, de los empresarios dueños del lugar.
Nada regresará a la vida a las personas que perdieron la vida en la Plaza Altus, tampoco se desvanecerá el dolor que sufren las familias por estar pérdidas, pero sí, al menos la sociedad debe denunciar, no quedarnos callados y exigir responsabilidades, para disminuir las posibilidades de que estos accidentes se repitan.
Es cuanto.
