DENUNCIA EL SITTGE QUE GOBERNADOR PRIVATIZÓ EL DERECHO A LA SALUD DE LA BUROCRACIA ESTATAL
· Sin restituir la cobertura del IMSS a las y los empleados estatales, como se los instruyó dos veces el Presidente, Andrés Manuel López Obrador desde hace más de un año, el Gobernador, José Ricardo Gallardo ha privatizado el derecho a la salud, al imponer un seguro privado que tienen que pagar, y peor aún, cómo el mandatario estatal no ha pagado las pólizas con la empresa Star Médica, ahora les niega cualquier atención médica, denunció la Secretaria General del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE), Ana Verónica López Chávez.
Sin que haya restituido la cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como se lo ordenó dos veces el Presidente, Andrés Manuel López Obrador desde hace más de un año, el Gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona ya ha privatizado el derecho a la salud de las y los empleados estatales, al imponerles un seguro privado que tienen que pagar cuando requieren servicios médicos mayores, denunció la Secretaria General del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE), Ana Verónica López Chávez.
Señaló que tal seguro, actualmente no está vigente, porque el mandatario estatal no ha pagado su cobertura, a pesar de haberlo contratado unilateralmente, y de cobrarlo a las y los burócratas, por lo que, al no tener ya la cobertura del IMSS, hoy quedan en situación de total indefensión por no poder acceder a recibir atención a su salud, obligándolos a pagar atención privada a todos niveles, cómo puedan, situación que se complica con personal despedido ilegalmente por mandatario, registrándose en julio del 2023 un deceso, porque la trabajadora no pudo pagar su tratamiento.
Explicó que con anteriores gobernadores otorgaban el servicio médico del IMSS, siendo gratuito en cumplimiento de una obligación legal laboral por parte del patrón, que se utilizaba en gastos médicos mayores, además de que también brindaban un seguro particular con una cobertura máxima de 250 mil pesos, y cuando se sobrepasaba tal cifra, entonces tenían que cubrirlo de su bolsillo, porque, hoy el monto de la cobertura de la actual póliza, es de 19 mil pesos, lo que no alcanza para el pago de operaciones quirúrgicas, tratamientos y medicamentos especializados, dijo.
Lamentó que la empresa actual Star Médica, que da el servicio del seguro particular, tenga que obligar a las y los trabajadores estatales a dejar la factura de un vehículo, o las escrituras de una casa, o terreno, como garantía, cuando se requiere una hospitalización prolongada, aunque, reiteró que hoy no presta ningún tipo de servicio a la burocracia, porque el titular del poder ejecutivo no ha pagado el acuerdo contratado, y las y los empleados tampoco pueden pedir préstamo a la Dirección de Pensiones, porque tan entidad, carece de recursos para brindar los empréstitos.
Indicó que el gobernador ha convertido en un negocio el derecho a la salud, que por ley les corresponde a las y los trabajadores estatales, como el cumplimiento de un derecho humano y laboral, sin que a la fecha haya devuelto la cobertura del IMSS, como se lo ordenó el Presidente, Andrés Manuel López Obrador dos veces el año pasado, y aunque el director del Instituto, Zoé Robledo Aburto asegure en forma mentirosa que los 19,549 trabajadores estatales tienen sus servicios, pues es falso, afirmó y añadió que tampoco pueden pensionarse con el aval del IMSS, porque Oficialía Mayor, no reconoce sus veredictos médicos.
Urgió al mandatario estatal a regresar el Seguro Social, porque hay 145 integrantes del Sindicato que requieren de atención médica urgente, en algunos casos con el riesgo de perder la vida, por padecimientos crónico degenerativos, a quienes se les niega la atención médica, refiriendo que el pasado 15 de julio del 2023 una compañera falleció por no tener tal servicio, tras ser despedida ilegalmente con una antigüedad laboral de 22 años, y a pesar de que se le solicitó el apoyo a la Secretaria General de Gobierno y a la Oficialía Mayor regularizar su situación, no hubo respuesta.
Explicó que con tales omisiones, el Gobernador viola flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, convenios internacionales, leyes federales y estatales de protección a las y los ciudadanos, y a las y los trabajadores, por lo que la negación del derecho a la salud, como obligada prestación laboral, se ha denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
