Considera director de la Facultad de Derecho de la UASLP que los problemas en los 28 estados requieren atención inmediata.
Priorizar la instalación de mesas de trabajo y diálogo es la principal vía para encontrar soluciones rápidas al paro indefinido de labores que mantienen trabajadores y jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) en 28 estados de la República Mexicana, pues estos problemas requieren atención inmediata, afirmó el licenciado Germán Federico Pedroza Gaitán, director de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
La manifestación en contra de la reforma en discusión en el Congreso de la Unión -la cual propone la elección de jueces mediante voto popular y el fin de la carrera judicial-, ha generado preocupación no sólo por las implicaciones para los trabajadores del PJF, sino también por el impacto en la población que acude a los tribunales en busca de justicia en materia civil, familiar, penal, laboral y, principalmente, amparos.
Pedroza Gaitán destacó que, a pesar del conflicto, es esencial que se mantengan guardias para atender casos urgentes para evitar que la ciudadanía se vea afectada en cuestiones legales de suma relevancia y subrayó que, si bien el paro es un medio de presión legítimo, la afectación a la población debe ser mínima.
“La solución a estos conflictos debe encontrarse a través del diálogo, convocando a expertos constitucionalistas y servidores judiciales para explorar alternativas que permitan superar la crisis sin perjudicar a la sociedad”, consideró.
El director de la facultad también habló sobre el eventual efecto del paro en los estudiantes de derecho de la UASLP, particularmente aquellos que aspiran a una carrera en la judicatura. Aseguró que la institución ya prevé en sus programas educativos y de posgrado una sólida formación en derecho constitucional y amparo, con la finalidad de preparar a los futuros jueces.
Finalmente, Pedroza Gaitán hizo un llamado a la reflexión sobre las repercusiones generales de la suspensión de actividades no sólo en la sociedad, sino también en los trabajadores administrativos de los tribunales, cuyo sustento depende de la continuidad de sus labores.
