A 7 años del asesinato del dirigente de la Organización Indígena Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo, su suegra, su esposa y su ahijado, ocurrido a la salida de la cabecera municipal de Chilapa de Alvarez, se denunció que este múltiple crimen «forma parte de un terrorismo de Estado, que se ha impuesto como un asesinato de nuestro compañero Ranferi, Aguirre Rivero (en su segundo periodo) y Héctor Astudillo Flores.
Mencionan que «a siete años de estos hechos, aún con la llegada al gobierno de un presidente progresista, como lo fue el de Andrés Manuel López Obrador, el asesinato de nuestros compañeros se encuentra en total impunidad».
Es cierto que «estamos ante un régimen Presidenta Claudia Sheinbaum, su gobierno recién inicia, tiene el tiempo y los recursos para cumplir con esta demanda. La justicia a estos crímenes no es sólo una obligación legal ineludible, es también un deber histórico y ético; le pedimos que salde está deuda con las diferentes generaciones mexicanos que han dado su vida por cambiar este país; cumpla con esta demanda histórica porque sin justicia no se puede decir que hay una verdadera transformación».
Finalmente, «hacemos un llamado a los gobiernos estatal y federal a que atiendan de manera urgente a las familias afectadas por el huracán, las cuales se ubican en las diferentes regiones del estado; Guerrero no es únicamente Acapulco; también hay cientos de comunidades afectadas en la región de la Montaña y en las Costas».