Avance importante la asignación de presupuesto a comunidades indígenas.
Gobierno estatal y municipales reacios se tendrán que plegar.
Es un logro de la lucha de muchos años.
Es plausible que el gobierno federal tomara la decisión de asignar presupuesto a comunidades indígenas para su administración directa, pues los ediles municipales y gobierno del estado se han mostrado reacios a respetar este derecho constitucional ante las demandas que desde hace 9 años han presentado comunidades tenek y náhuatl ante los ayuntamientos municipales, e incluso, en los procesos de consulta, para integrar los planes de desarrollo estatal y municipales, motivo por el cual se vieron en la necesidad de interponer demandas de amparo ante la justicia federal.
Dicho presupuesto, que proviene del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del Ramo 33 de combate a la pobreza, será un aliciente para que todas las comunidades tengan la posibilidad de realizar las obras que en asamblea aprueben, y así evitar que los alcaldes y gobierno estatal medren con sus recursos.
El convenio firmado este día 16 de enero, entre el gobierno federal, estatal y los 1,475 presidentes municipales del país, es un buen inicio. Pero, a partir de que se apruebe y entre en operación la Ley secundaria del artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los montos de recursos para pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanos será seguramente mayor, pues éstos tomaran en consideración no solo las obras de infraestructura social, sino también, las necesidades de fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, legales y de planeación del desarrollo, es decir, fortalecer sus capacidades como cuarto nivel de gobierno.
Las ventajas de ello es que, siendo sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, los pueblos y comunidades podrán dar un salto cualitativo para dejar de depender de la voluntad de los munícipes, que por lo general funcionan mal, y así fortalecer sus capacidades de gobierno comunitario, realizar obras y mejoras de forma permanente, generar empleos a su interior, coordinarse con otras comunidades para compras en común y a mejores precios, crear sus propias empresas sociales, impulsar iniciativas productivas, de industrialización y comercialización; además de diseñar e impulsar planes de desarrollo regional que beneficien a la población.
Ello va a requerir de mejorar y fortalecer la organización comunitaria, dinamizar sus asambleas, crear espacios de capacitación permanente para el buen gobierno comunitario, y establecer mecanismos de coordinación permanente con las demás comunidades en los municipios y a nivel regional y nacional. Con ello, otros aspectos de gestión territorial se habrán de atender. La planeación del desarrollo comunitario y el establecimiento de reglamentos para el buen gobierno indígena comunitario y regional son los temas que habrán de tratarse en los próximos meses.
Bienvenida esta iniciativa de la Presidenta de la República.
Rogel del Rosal Valladares
Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, A.C.
