Las recientes reformas a las leyes federales que regulan la extracción y uso del agua despertaron disputas encendidas que parecían establecer un conflicto casi sin solución. Por un lado, se acusaba a los productores agrícolas, sobre todo los de mayor tamaño, de contar con concesiones de altos volúmenes de agua, mientras escasea para consumo humano en sus regiones. Por otro lado, los productores agrícolas acusaban que algunas de las modificaciones legales implicaban una disminución del valor de sus tierras, por lo que prácticamente la ley podía confiscar su patrimonio sin ninguna contraprestación de por medio. Esto último podría afectar la certidumbre para la inversión en el campo y la producción de alimentos en el futuro. Al final, algunos cambios que se realizaron en el Congreso disminuyeron las tensiones, pero para algunos actores quedan dudas acerca de cómo se interpretarán exactamente los nuevos ordenamientos legales.
El escenario parece lleno de conflictos inminentes. Es cierto que la agricultura es el principal usuario del agua, que la población cada vez mayor de algunas ciudades implica mayor demanda para el uso humano, que existe una amplia desigualdad en el acceso para uso humano y también para la producción de alimentos, que en algunas regiones del país ya no existe mayor disponibilidad y que el cambio climático puede agravar la falta del vital líquido. Sin embargo, existen soluciones que también son factibles y que implican menos conflictos y encono.
La agricultura de riego en México tiene mucho espacio para hacer un uso mucho más eficiente del agua. Según el diagnóstico del propio gobierno federal en su Programa Nacional de Tecnificación de Riego, las superficies con riego tecnificado pueden ahorrar hasta un 50 por ciento del consumo de agua, produciendo incluso más alimentos y liberando agua para el uso humano o para otros productores de alimentos. La limitación de este programa es que los recursos planeados actuales (51 mil millones de pesos en todo el sexenio) solo alcanzan para el 3 por ciento de la superficie de riego del país. Se necesitaría multiplicar esta inversión para llevar a cabo realmente una transformación profunda. Pero no resultaría imposible, en los últimos años el presupuesto utilizado para financiar el Tren Maya correspondería hasta cerca de diez veces el presupuesto que se pretende emplear en la tecnificación del riego, por lo que con una voluntad política similar se podría transformar sustancialmente la eficiencia en el uso del agua en la agricultura.
Por otro lado, también es conocido que las deficiencias en la infraestructura de distribución del agua de la mayoría de nuestras ciudades provocan fugas que pueden llegar hasta cerca del 40 o 45 por ciento del agua en algunos casos. Una mejor planeación urbana y revisión de los estándares de las obras públicas podrían ir reduciendo estos desperdicios a niveles cercanos a niveles internacionales o de las ciudades con mejor infraestructura del país. Aún más, algunas ciudades todavía tienen pendiente un mayor avance en el tratamiento de sus aguas residuales. Con ello, se podría mejorar el acceso de las periferias urbanas, o intercambiar agua con las zonas agrícolas cercanas, sin necesidad de desplazar de forma irremediable la producción de alimentos en las áreas cercanas.
Evidentemente en cada región la problemática es diferente, y las soluciones posibles también pueden serlo, requiriendo una mayor o menor cantidad de recursos para los que habría que definir sus fuentes de financiamiento. En algunos casos, puede ser suficiente con un mayor compromiso de los gobiernos estatales y municipales. En otros, donde la sustituibilidad del uso puede incluir varios estados del país, la coordinación federal sería indispensable. En cualquier caso, aunque complejas, las soluciones podrían alcanzarse con voluntad, diálogo, paciencia y recursos, sin necesidad de conflictos que estanquen más al país.
