La justicia argentina puso un freno al intento de privatizar un predio que funcionó como centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura cívico-militar en Mar del Plata, informó Página 12 el pasado domingo.
Se trata de la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), donde un proyecto para instalar un bar fue suspendido por 60 días hábiles, plazo que vence el próximo 8 de abril, tras denuncias de sobrevivientes y organismos de derechos humanos.
La iniciativa, impulsada en el marco de gestiones municipales recientes, generó un fuerte rechazo por parte de ex detenidos y familiares de desaparecidos, quienes advierten que el lugar forma parte probada del circuito represivo de la Fuerza de Tareas N°6 de la Armada.
“Nadie pondría un café en Auschwitz”, resumieron los denunciantes al reclamar la preservación del sitio como espacio de memoria.
Los jueces federales Alejandro Tazza y Pablo Jiménez solicitaron a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas que aporte más elementos para acreditar que las obras podrían afectar pruebas vinculadas a crímenes de lesa humanidad. Desde la organización sostienen que existen testimonios, registros de la CONADEP y más de una veintena de juicios que confirman el uso del predio como centro
clandestino.
Sobrevivientes como Alberto Pellegrini y Pablo Mancini relataron detenciones ilegales, golpizas, simulacros de fusilamiento y abusos sexuales cometidos en el lugar. Sus testimonios dan cuenta de la violencia sistemática ejercida en la ex ESIM y refuerzan el reclamo para impedir cualquier emprendimiento comercial en un espacio marcado por el terror estatal.
El proyecto para instalar un bar ya había sido objetado en 2019 y en 2022 por el Concejo Deliberante local. La nueva suspensión judicial vuelve a colocar en el centro del debate la disputa entre negocios privados y políticas de memoria, verdad y justicia, en un país donde los sitios del horror siguen siendo prueba viva de los crímenes del pasado.
