Por Ricardo Sánchez García
El Parque Tangamanga I no es solo un conjunto de hectáreas con árboles; es el corazón geográfico y emocional de San Luis Potosí. Desde su fundación en 1983, bajo la visión de Carlos Jonguitud Barrios, nació con la promesa clara de ser un espacio de cultura, recreación y, sobre todo, de acceso libre para el pueblo.
Hoy, esa promesa enfrenta una amenaza que se disfraza de modernidad, pero que huele a exclusión y sordera institucional.
El proyecto de remodelación del área “Splash”, impulsado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ha encendido las alarmas de una ciudadanía que no se opone al progreso, sino a la opacidad.
Las manifestaciones recientes no son caprichos políticos; son reclamos legítimos de organizaciones civiles y colectivos ambientales, artistas locales, vecinos del lugar y la sociedad en general que ha cobrado conciencia y, vemos con angustia cómo el cemento avanza sobre el pulmón de nuestra ciudad.
Resulta preocupante que, ante las dudas sobre el impacto ambiental y el estrés hídrico que sufre nuestra capital, la respuesta gubernamental sea la continuación de las obras sin una transparencia total. ¿Dónde están los inventarios forestales detallados? ¿Cómo se justifica un parque acuático de “primer nivel” cuando la ciudad padece sed? Ignorar estas interrogantes es, en esencia, ignorar a los ciudadanos.
Un gobernante que no escucha a quienes defienden el patrimonio ecológico incurre en una falta de sensibilidad que fractura la confianza pública.
Quizás el punto más delicado es la sombra del cobro de ingreso. Aunque se mencione una gratuidad temporal, la sola posibilidad de privatizar el acceso a una sección del Tangamanga I es un atentado contra el derecho de disfrutar de los espacios públicos a la mayoría de la sociedad.
Los parques y jardines son gratuitos por definición; en ellos, la desigualdad económica debería desaparecer. Al imponer un costo —aunque sea bajo— se segmenta a la sociedad y se repetirá la misma historia, el que tiene, entra; el que no, mira desde afuera.
La recreación no debe ser un privilegio de consumo, sino un derecho humano básico para la salud mental y el tejido social.
Además, es imperativo que la ejecución de estas obras se mantenga bajo la lupa de la legalidad. Como ciudadanos, debemos recordar que la Constitución en su artículo 134 y la Ley General de Responsabilidades Administrativas son claras, pues sancionan el uso de recursos públicos para favorecer intereses particulares o el desvío de los mismos bajo fachadas de obra pública son delitos graves que merecen juicio político y penas severas.
La opacidad es la madre de la sospecha. Para disipar cualquier duda sobre conflicto de interés o uso ilícito de atribuciones, el Ejecutivo estatal debe abrir las cuentas y los contratos de par en par.
Señor Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, modernizar cualquier espacio no debe ser a costa del equilibrio ecológico ni del bolsillo de los potosinos.
El Parque Tangamanga I es de todas y todos, no de una administración en turno. Escuchar a las voces disidentes no es un signo de debilidad, sino de madurez democrática. El progreso que ignora a la naturaleza y a la justicia social no es progreso, es simple imposición.
Mantengamos el Splash —y todo el parque— como lo que siempre ha sido: un refugio verde, gratuito y de todos.
El agua y la sombra no deben tener etiqueta de precio.
Ricardo Sánchez García
Centro Samuel Ruiz de Derechos Humanos A.C.
Contacto 4441305851
