Este domingo se llevó a cabo el tercer debate de las candidaturas presidenciales con la participación de Xóchitl Gálvez, Jorge Alvarez Maynes y Claudia Sheimbaum.
Luego de dar el uso de voz a cada uno de las y el contendiente, Claudia Sheimbaum hizo una retahila de acontecimientos sangrientos donde el PRI, representado por Xóchitl Gálvez y el desmemorado Panismo estuvo involucrado.
Tal es el caso del movimiento del 68 donde miles de estudiantes fueron masacrados en la Plaza Tlatelolco, por ser críticos a las políticas educativas del gobierno priísta de Gustavo Díaz Ordáz.
Posteriormente se mencionó también la represión contra estudiantes en 1971, en un marco de autoritarismo, así como las detenciones arbitrarias y ataques sexuales a mujerse en el Atenco de Enrique Peña Nieto.
La candidata de MORENA, también recriminó la matanza en Aguas Blancas durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León y para rematar, señaló las violaciones a derechos humanos en Nochitlán, diciendo que ESO SÍ ES AUTORITARISMO.
Pero recordemos lo acontecido en Nochistlán y su relación con el hoy candidato a la alcaldía de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos:
Comisión de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca el 19 de junio de 2016
El domingo 19 de junio de 2016, la comunidad de Asunción Nochixtlán puerta de la Mixteca oaxaqueña, fue atacada por centenares de elementos de las policías municipal, estatal y federal, lo cual violentó los derechos humanos de las víctimas.
Un grupo de aproximadamente cincuenta personas, maestros, padres de familia, niños, activistas y población civil que se les unió, participaron en un bloqueo de las vías federales autopista 135-D y carretera federal 190 que conectan a la Ciudad de México con Puebla y Oaxaca, en su cruce ubicado en Asunción.
En apoyo a los profesores se unieron a la petición de instalar una mesa de diálogo sobre la Reforma Educativa, impulsada desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, y por demandas sociales comunitarias[1].
Durante los años 2012 y 2013, el expresidente Peña Nieto promovió la llamada Reforma Educativa, la cual impulsaba el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación, ante ello, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mostró desacuerdo señalando violación a sus derechos laborales, así como su ausencia en las decisiones sobre el contenido de la materia de trabajo, por lo que realizaron diversas acciones de resistencia.
En mayo de 2016 la CNTE había efectuado múltiples protestas en diversos estados de la República como Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Para el 12 de junio la policía aprehende a dos líderes de la Sección XXII de la CNTE Rubén Núñez Ginés, secretario general y a Francisco Villalobos Ricárdez, secretario de organización, lo cual provocó una serie de bloqueos carreteros en 37 zonas en Oaxaca, entre ellas la carretera que conecta Huajuapan de León con la ciudad de Oaxaca, donde se ubica el tramo de Nochixtlán. Es en este último lugar donde se presenta el conflicto más importante con el magisterio después del violento desalojo del que fueron objeto en el zócalo capitalino en 2003[2].
El domingo 19 de junio, día de mercado que convocaba a la población de Nochixtlán y de sus alrededores, -en el lugar del bloqueo- maestros y población civil se habían reunido no solo en apoyo al movimiento magisterial, sino también para pedir reformas sociales que generaran alternativas a la empobrecida región de la mixteca oaxaqueña y para su agraviada población.
La protesta se había convertido en un movimiento social. Sin previo aviso de persuasión fueron atacados por un contingente de fuerzas policiales: 400 policías federales, 400 estatales y 50 elementos de la Agencia de Estatal de Investigaciones, el cual tenía la misión de recuperar la libre circulación en las vías federales, como parte del “Operativo Oaxaca” ordenado por el entonces gobernador del estado Gabino Cué, y el cual había iniciado alrededor de las 5:20 de la mañana.
Los policías se apostaron en el puente y de inmediato comenzaron a lanzar bombas de gas lacrimógeno hacia el bloqueo. En medio del asombro, los maestros y padres se retiraron con rumbo a la entrada de Nochixtlán.
En menos de 15 minutos el bloqueo había quedado disuelto. La estrategia de los maestros previamente planeada en caso de desalojo era dirigirse al panteón ubicado en dirección al poblado y replegarse. Así, en caso de algún tipo de violencia, quemarían cuetes como señal de alarma, y al ser escuchados se repicarían las campanas de la iglesia de la comunidad para pedir auxilio.
Los manifestantes se escondieron en el panteón donde continuaban los ataques. La agresión duró cerca de nueve horas, los maestros, jóvenes, mujeres y niños se defendían con piedras y lo que tenían a la mano; en poblaciones cercanas, sus habitantes cerraron los caminos para que no pudieran llegar refuerzos policiacos, y también fueron violentados. Mientras tanto, en la refriega la población se acercaba para ayudar con agua, alimentos, y para auxiliar a los heridos; no cedieron ante los uniformados [3].
Fueron quemados varios vehículos; el ataque se prolongó hasta después de las 15 horas, los pobladores lograron hacer retroceder a los uniformados quienes se retiraron a la capital del estado. Mientras esto sucedía otro convoy de la Policía Federal pretendía avanzar por la autopista Oaxaca-México, a la altura de San Pablo Huitzo; sin embargo, habitantes de la ciudad de Oaxaca avisaron a los profesores, por lo que pobladores de Huitzo y San Francisco Telixtlahuaca levantaron una barricada en el lugar, y un nuevo enfrentamiento se produjo en este sitio[4].
El saldo de los enfrentamientos fue de 8 personas fallecidas, 103 lesionados, 46 afectados por la exposición a gases lacrimógenos (de las cuales 35 eran menores de edad), y algunos otros por diversas afectaciones en sus propiedades[5]
Al no encontrar respuestas por parte del estado para fincar responsabilidades y reparar el daño, las víctimas se organizaron para impulsar sus demandas de justicia en el “Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio de Nochixtlán”, colectivo que atiende la representación jurídica de algunas de las víctimas ante diversas instancias.
El 29 de junio de 2016, la Comisión Permanente del Congreso aprobó por unanimidad el Acuerdo por el que se crea la Comisión de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016, en el que se establece que sus actividades serán “la observación y seguimiento de las investigaciones de los hechos»[6].
En aquel plantón del 19 de junio se concentró la región Mixteca, civiles y maestros, y se extendió a la comunidad de Nochixtlán y a otras como San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, donde la violencia contra la población se caracterizó por el uso de la fuerza, por personas detenidas y heridas por armas de fuego, y por la comisión de ejecuciones arbitrarias.
Sus demandas no se limitaron a denunciar el ataque al bloqueo de la carretera, ni a la exigencia magisterial. Las exigencias por parte de las víctimas y sus familias siguen siendo vigentes: acceso a la verdad, impartición de justicia, reparación del daño y garantías de no repetición, y las formas de sancionar a los responsables.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diversas sentencias ha señalado que los estados deben “…ajustar los planes operativos tendientes a encarar las perturbaciones del orden público a las exigencias del respeto y protección de tales derechos adoptando, al efecto, entre otras medidas, las orientadas a controlar la actuación de todos los miembros de los cuerpos de seguridad en el terreno mismo de los hechos para evitar que se produzcan excesos…”[7].
El 19 de octubre de 2019 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo: “En el caso de Nochixtlán no se van a repetir actos de represión en ninguna circunstancia. Nosotros estamos aplicando una política distinta. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. El presidente nunca le va a dar la orden al ejército de reprimir al pueblo, no vamos a enfrentar a hermanos con hermanos”.
Y agregó: “a tres años (de la masacre) todavía se recuerda, hay víctimas. A todos ellos se les va a apoyar. Hay cosas que tardan y ustedes lo saben…La justicia tarda, pero llega cuando hay voluntad»[8].
La destitución de Galindo
“En el marco de los hechos recientes y por instrucciones del Presidente de la República, el Comisionado General de la Policía, Enrique Galindo, se ha separado de su cargo. Ello con el objetivo de facilitar que las autoridades correspondientes lleven a cabo una investigación ágil y transparente, de cara a la ciudadanía”, anunció en conferencia de prensa, el 29 de agosto del 2016, el entonces secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong.
Esta información se dio a los 11 días de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación por el caso de las 22 personas ejecutadas extrajudicialmente, de un total de 42 muertes civiles, en el rancho El Sol, en Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo del 2015. Y a los dos meses con 10 días del violento desalojo de la toma de carretera en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, donde 8 civiles fueron asesinados y más de 200 heridos.
En las dos masacres se señala a la Policía Federal, a manos de Galindo Ceballos, como responsable del uso excesivo de la fuerza pública. Pero esta forma de actuar no era nueva. El excomisionado priista llegó al cargo desde el 26 de diciembre del 2012 y desde el 2014 hay señalamientos sanguinarios sobre el actuar de los federales.
