El ex presidente Andrés Manuel López Obrador entregó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la declaración patrimonial correspondiente a la conclusión de su encargo como jefe del Ejecutivo.
En el documento, obtenido por La Jornada a través del portal DeclaraNet, López Obrador reportó que en 2024 y hasta el 30 de septiembre, fecha en que terminó su periodo como presidente de la República, obtuvo ingresos por un millón 239 mil 934 pesos y manifestó no tener ganancias por actividades distintas a su empleo público, a excepción de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores.
Al respecto, detalló en su declaración fechada el 25 de octubre pasado que del total de sus ingresos, un millón 212 mil 934 pesos corresponden a su remuneración neta por concepto de sueldo y otras prestaciones derivadas de su cargo público y que 27 mil pesos fueron de la pensión.
El ex mandatario reportó contar con una cuenta de nómina en Banorte y otra en Afirme, una cuenta de ahorro en el Banco del Bienestar, así como una cuenta de Afore en Pensionissste.
Declaró no tener ingresos por actividades financieras, profesionales, comerciales o empresariales, mientras que en el apartado de Bienes Inmuebles no reportó datos, ni tampoco en el de Vehículos, además de que afirmó no tener deudas.
De acuerdo con la Ley, todos los servidores públicos están obligados a presentar una declaración patrimonial y de intereses de inicio, bajo protesta de decir verdad, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión de sus puestos y otra de conclusión en un plazo igual tras finalizar sus encargos, además de que en mayo de cada año mientras son funcionarios deben actualizar estos informes con una declaración llamada “de modificación”.
En la declaración inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición, señala la ley, mientras que en las declaraciones de modificación patrimonial se manifestarán sólo las modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de adquisición.
Los servidores y ex servidores públicos presentan sus declaraciones a través de un formatos emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se les solicitan datos como el monto total de sus ingresos y el origen de estos, la situación actual de los bienes inmuebles y vehículos que estén a su nombre, de su pareja y dependientes económicos, así como de las inversiones, cuentas bancarias y otros tipos de valores que posean.
También se les pregunta si tiene préstamos a su nombre, participación en empresas o fideicomisos, entre otra información patrimonial, a partir de estos documentos, la SFP puede realizar revisiones a la evolución patrimonial de los funcionarios.
