El objetivo es el manejo integral de cuencas para sanear los ríos y acuíferos y garantizar el derecho humano al agua.
En el marco del Foro: “Transformando el Régimen del Agua en México”, organizado por la Comisión Nacional del Agua en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el pasado 10 de febrero, en representación de la Contraloría Autónoma del Agua de San Luis Potosí, Rogel del Rosal Valladares presentó propuestas para la elaboración de la Ley General de Agua en proceso de consulta.
En primer lugar, resaltó la importancia del papel que juegan las contralorías autónomas del agua para revertir la crisis hídrica que se manifiesta en cada vez más escasez y mala calidad del agua producto del largo periodo de entrega de concesiones en el que el 7% de los concesionarios concentran el 70% de las aguas concesionadas. Este largo periodo ha traído por resultado el acaparamiento, sobreexplotación de las aguas y la contaminación de más del 60% de los ríos de nuestro país. El papel de las contralorías es fundamental para monitorear, documentar malas prácticas para su denuncia, y proponer soluciones técnicas, administrativas, políticas y legislativas ante la grave problemática.
Para fundamentar las propuestas, puso de ejemplo la situación de la huasteca potosina, que es parte de la cuenca hidrológica del rio Pánuco: agroindustrias azucareras y citrícolas, industrias ganaderas, cementeras y termoeléctricas, en su conjunto tienen cerca de 60 millones de metros cúbicos anuales en sus títulos de concesión.
Resaltó que no existen sistemas de medición sobre los volúmenes de uso de agua, ni tampoco de monitoreo de las descargas, lo cual permite la mercantilización del vital líquido, la contaminación de los ríos, y por consecuencia periodos prolongados de escasez y el suministro de agua de mala calidad para la mayoría de la población, así como la desaparición de muchas especies acuáticas y de medios de vida de la población rural.
Expuso que existe la amenaza de implantación de la devastadora técnica del fracking para la extracción de gas y petróleo en toda esta región costera del país, así como de la intención de los gobernadores de Tamaulipas y Nuevo León de trasvasar aguas del río Panuco en volúmenes de 15, 25 y hasta 45 metros cúbicos por segundo hacia dichas entidades, e incluso a Texas, lo cual no debe permitirse por sus efectos dañinos la sociedad y al medio ambiente.
Agregó que es importante reconocer el papel que juegan los sistemas y comités comunitarios del agua de ejidos, comunidades y colonias en la atención de las necesidades del vital líquido a sus pobladores, quienes no han tenido reconocimiento jurídico ni financiamiento para su eficaz funcionamiento.
Recalcó que es necesario la creación de una sola Ley General de Aguas que armonice los principios establecidos en los artículos 1, 2, 4 y 27 de la Carta Magna y los del marco normativo internacional suscritos por México. Considerando que casi el 70% de la población de la Huasteca potosina es indígena, en cuyo caso, en el artículo 2º de la Constitución se les reconoce como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la nueva Ley General de Aguas debe pasar por un proceso de consulta.
Consideró que esta nueva Ley debe recoger los consensos expuestos en la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, presentada el 4 de febrero de 2020 a la Cámara de Diputados, producto de múltiples eventos de consulta y reflexión entre pueblos indígenas, organismos de la sociedad civil, universidades, investigadores y miembros de la academia, entre los que destacan: respetar la naturaleza; respetar las aguas de los pueblos, ejidos y comunidades; coadministrar el agua en el territorio; reconocer el derecho ciudadano a vetar proyectos dañinos; prohibir agua para minería tóxica y fracking; acabar con acaparamiento, contaminación e impunidad por grandes usuarios; cerrar puertas a la privatización; democratizar los servicios de agua; priorizar agua para la soberanía alimentaria; garantizar acceso pleno a la información; asegurar los recursos públicos suficientes, y erradicar la corrupción y la impunidad.
Contraloría Autónoma del Agua de San Luis Potosí.
Para mayor información: Rogel del Rosal Valladares. Teléfono: 481 147 1573
