México, un día después de que la Suprema Corte de ese país votó a favor de permitir que los agentes federales de la Patrulla Fronteriza retiren la barrera, instalada como parte de la iniciativa de seguridad del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, mientras el desafío legal del estado sigue su curso, informó ayer CNN.
El alto tribunal falló el lunes con cinco votos contra cuatro en una victoria para el presidente Joe Biden en la disputa en curso con Texas sobre si la Patrulla Fronteriza tiene la autoridad legal para cortar el alambre de púas instalado por Texas en las orillas del río Bravo.
El estado demandó el año pasado para detener el corte del alambre, alegando que destruye ilegalmente la propiedad estatal y socava la seguridad al permitir a los migrantes cruzar la frontera. En diciembre, un tribunal federal de apelaciones ordenó a los agentes de la Patrulla Fronteriza que pararan el retiro mientras se desarrolla el proceso judicial, y este mes el Departamento de Justicia presentó una solicitud de emergencia, pidiendo a la Suprema Corte que anulara dicha decisión.
El gobernador Abbott y su Departamento de Seguridad Pública reafirmaron el lunes el uso de barreras erigidas por el estado de Texas.
Esto no ha terminado
, escribió en la red social X. “El alambre de púas de Texas es un elemento disuasorio eficaz contra los cruces ilegales que Biden fomenta. Seguiré defendiendo la autoridad constitucional de Texas para asegurar la frontera e impedir que el gobierno de Biden destruya nuestra propiedad».
Texas mantendrá su postura actual en la disuasión de cruces ilegales de la frontera mediante la utilización de medidas eficaces de seguridad fronteriza
, publicó el portavoz del Departamento de Seguridad Pública, Chris Olivarez, afirmando que Texas es el único estado que utiliza todas las estrategias y recursos para proteger su soberanía, combatir la actividad criminal y desalentar la inmigración ilegal
.
De acuerdo con una carta del Departamento de Seguridad Nacional obtenida por CNN, el gobierno de Biden informó a las autoridades estatales que tenían de plazo hasta el 17 de enero para dejar de bloquear el acceso de la Patrulla Fronteriza a un tramo de 3.2 kilómetros a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, que incluye Eagle Pass, o el Departamento de Justicia de Estados Unidos intervendrá.